Cancún.- Un grupo de operadores de la plataforma digital de transporte Uber denunciaron penalmente a Carlos Conde Reyes, vocero de la comisión de operaciones del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” por encabezar una red organizada dedicada a hostigar, agredir y amenazarlos, incluso con armas de fuego.
En rueda de prensa, los quejosos revelaron que el pasado sábado, entregaron un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a la entidad, en el que revelan que temen por sus vidas y piden la protección de la Guardia Nacional, ante la inacción de las autoridades municipales y estatales.
Existen al menos 200 denuncias por diversos delitos, como agresiones, amenazas, daños, tentativa de homicidio, así como asociación delictuosa, pero todas estas carpetas están archivadas por parte de la Fiscalía, señaló Águeda Esperilla Soto, una de las operadoras, quien recordó cómo a una compañera la agredieron con un bate, pese a tener a un turista a bordo.
Esto se suma a las denuncias interpuestas por corrupción en contra de Jorge Pérez Pérez, director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), su delegada en Benito Juárez, Bibian Dzul Castillo, y cuatro agentes de esta dependencia, las que tampoco han procedido.
Esta campaña de agresión, por parte de este grupo de taxistas que presuntamente encabeza Carlos Conde Reyes (quien fue candidato a diputado del partido local MAS), también se extiende a los turistas, quienes son intimidados, tratados a empujones y subidos a la fuerza en taxis, lo que genera una pésima imagen del destino, acusaron.
“Si algún ciudadano común fuera a agredir a alguien, sería detenido, pero los taxistas gozan de protección”, señaló.
Después de un año de relativa tranquilidad, indicaron, a partir de la segunda quincena de este mes, los operadores de Uber han visto cómo estas agresiones han arreciado. Todo con completa impunidad.
“Carlos Conde compila fotografías de nuestros vehículos y placas, creando un archivo que comparte con taxistas”, señaló la operadora, quien señaló que ellos también toman las placas y fotos de quienes los agreden, para que sea la autoridad quien tome cartas en el asunto.
MULTAS ILEGALES
Carlos Calzado Calzado, también operador de Uber, manifestó por su parte que esta persona aprovecha su autoridad dentro del sindicato para movilizar a taxistas con mentiras, al hacerles creer que Uber es ilegal lo que es falso.
En la rueda de prensa, este operador, quien también es comunicador, indicó que la XV Legislatura aprobó una ley en la que se exigía una concesión para brindar servicio de transporte público, pero Uber se amparó y obtuvo protección de un juez federal, al alegar que ellos ofrecen un transporte privado.
“En tanto se resolvía este litigio, el juez ordenó inaplicar varios artículos de la ley”, explicó el operador, quien indicó que desde ese momento, la autoridad no podía detener a vehículos brindando servicio de Uber, lo que no fue respetado.
Por cerca de dos años, el Gobierno del Estado detuvo hasta cinco vehículos diarios, e impuso multas de hasta 150 mil pesos cada una, de manera ilegal, violando un amparo. Esto es tan así, aseguró Calzado Calzado, que finalmente la autoridad tuvo que reintegrar el dinero de estas sanciones, ante la inconformidad de la empresa.
Por ser ellos operadores, dijo desconocer el monto de las multas y el dinero reembolsado, pero ni el Imoveqroo ni Tránsito municipal los detienen ya, por lo que es falso que su servicio sea ilegal, como muchos taxistas creen.
Por ello, recurren a las amenazas y a las agresiones abiertas, para tratar de frenar esta competencia, sabedores que gozan de protección por parte de la autoridad. Incluso personal de los hoteles son cómplices y son quienes les avisan cuando llega un automóvil con Uber a buscar a un huésped, razón por la que exhortaron a la Asociación de Hoteles de Cancún a tomar cartas en el asunto.
Un reportero comentó que gran parte de las placas de taxis quedan en manos de políticos o familiares de los mismos, lo que fue secundado por Carlos Calzado, quien estimó que pudieran tener acaparadas hasta el 95% de estas concesiones, situación que explicaría la impunidad que gozan.
“La Unidad de Investigaciones Fiscales debieran indagar quiénes son los dueños de esas placas”, opinó.
Esperilla Soto intercedió para añadir que ellos no están “peleados” con los taxistas, solo quieren que los dejen trabajar en paz, y que se aplique la ley de manera pareja cuando personas incurren en delitos.
“El turista conoce el servicio. Llega a Cancún, prende su aplicación y pide un Uber. ¿Por qué no puede usarlo’, ¿por qué tratarlos a empujones y llevárselos a la fuerza?”, se quejó.
Cuestionada sobre si ha buscado un acercamiento con la nueva gobernadora, recordó que cuando era presidente municipal, intentaron dialogar con ella, pero nunca los atendió. De ahí su decisión de ir directamente con el presidente de la República.
“El punto más importante es que pedimos auxilio porque nos amenazan con armas de fuego”, afirmó.
