Cancún.- En la comparecencia del fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca, los diputados pueden solicitar información sobre el desempeño y destino de recursos, que pueden servir como herramientas para después solicitar una auditoría, de hacer falta, afirmó hoy Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
Entrevistado luego de una reunión en esta ciudad con varios organismos defensores de derechos humanos y de la diversidad sexual, esta comparecencia ante el Poder Legislativo, programada para el día 25 de este mes, servirá para aclarar diversas denuncias e interrogantes en torno a este organismo, así como para revisar el trabajo que han realizado, comentó el petista.
Estas quejas incluyen las planteadas por la Red Feminista Quintanarroense y la asociación “Verdad, Memoria y Justicia”, por la falta de solución a casos de feminicidios y desaparecidos, respectivamente. También hay denuncias por un aparente uso faccioso del poder en Tulum, en donde la Fiscalía ha asegurado predios, como el hotel El Pez, sin que lo libere, presuntamente por prestarse a un conflicto entre socios.
Hugo Alday dijo saber que la periodista Fabiola Cortés ingresó un escrito solicitando la destitución del fiscal, pero no ha analizado el documento para ver cuáles son sus fundamentos, y si se trata de una solicitud de juicio político o de otro recurso.
“No se trata de una persona, sino una institución dañada, por mal uso de la autoridad en su interior hace más de una década”, aclaró.
En cuanto a las solicitudes de juicio político que heredó la Comisión de Justicia, Alday Nieto señaló que son 17, pero muchas de ellas tienen problemas procesales, como el deceso del promovente, falta de notificación, firmas invalidadas, falta de pruebas, entre otros detalles.
Algunos documentos están dirigidos a funcionarios del quinquenio de Roberto Borge Angulo, por lo que toca ver su procedencia.
INICIATIVA SOBRE EL ABORTO
Por otro lado, el coordinador de la bancada petista señaló que están por presentar en el Congreso del Estado una iniciativa para despenalizar el aborto, hasta las 12 semanas de gestación, lo que incluye una reforma a la constitución estatal, al Código Penal y a la Ley de Salud, para que el Estado brinde estos servicios.
El diputado indicó que aunque cada quien puede tener su postura particular, existe ya una reforma constitucional, criterios de la Suprema Corte y muchos artículos considerados ya inconstitucionales, lo que dan una pauta clara en favor de los derechos reproductivos de la mujer.
El legislador señaló que en caso de mantener el congreso su negativa a armonizar el marco legal con estos criterios, se arriesgan a que los lleven a juicio, y “en lo personal, me daría mucha vergüenza que se llegue a ese extremo”.
