Cancún.- El representante del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz, destacó que los regidores del ayuntamiento de Benito Juárez no actúan con transparencia, al no rendir sus informes de trabajo y no mostrar correctamente el pago de las ayudas sociales, ya que éstas muestran que se asignan a personas afiliadas a su partido político o a integrantes de sus equipos de trabajo.
“Hemos insistido en que la página del ayuntamiento, en lo que refiere a transparencia, lo tienen muy opaco, porque en principio, se pone un rubro que dice: las obligaciones que comúnmente se consultan; eso no debe de ser, deben poner el desplegado de 50 puntos con información a la vista de lo que marca la Ley de Transparencia, tanto la federal como la estatal”, apuntó.
Agregó que “en segundo lugar, los regidores no presentan informes y cuando llegan a hacerlo, solo muestran que participaron en eventos, cuando estuvieron en alguna inauguración o evento, pero nada trascendente o que presente iniciativas que hayan estado proponiendo o algún trabajo específico, no lo reflejan en sus informes”.
Respecto a ayudas sociales, comentó que los ediles tienen una cantidad asignada que varía de acuerdo al tipo de responsabilidad que tenga el regidor “y esa información eventualmente la he encontrado, se observa que el apoyo se le da a quien está afiliado al partido político del que proviene el regidor; entonces no son más que pagos a sus estructuras, de manera que no es la trazada como ayuda social, es algo que se tiene que normar, pero finalmente no tienen ellos ningún interés en transparentar esta información”, enfatizó.
Detalló que de acuerdo al Reglamento Interior del ayuntamiento, ellos tienen que dar sus informes, incluso publicitarlos en la Gaceta del ayuntamiento.
Recordó que dentro del catálogo de cuentas del ayuntamiento, hay una partida contable que dice: Ayudas Sociales, que en teoría, el poder ejecutivo -sea el gobierno del estado o el municipal-, tendrían la posibilidad de hacer un presupuesto que esté enfocado en ayudas sociales como la de gastos funerarios, entre otros “y es para gente que tiene un grave problema y tiene que recurrir a la autoridad”.
Abundó: “Y esta partida no la debe tener el poder legislativo, sino el ejecutivo, pero deben hacerlo de manera transparente y con toda una justificación: tiene que haber una ficha donde explique quién es la persona y por qué se está dando este apoyo que puede variar desde 500 a 5 mil pesos, dependiendo el costo de los gastos funerarios u otro tipo de ayudas. Aquí el problema es que lo usan para apoyar a sus estructuras, a sus amigos o la gente que está en sus equipos de trabajo y los hacen pasar como ayuda social”.
Para efecto de fiscalizar estos gastos, dijo, le correspondería a la Contraloría en el caso del ayuntamiento que revisan el área de contabilidad que está asignada a los regidores, pero sólo verifican que presenten un recibo con copia de la identificación del beneficiado. Sin embargo, nunca lo han hecho, aseveró tras afirmar que seguirán atentos para que los regidores muestren transparencia en sus informes.
