El presidente del Observatorio Legislativo Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, reveló en entrevista que ya existen varios amparos que buscan anular los incrementos de las tasas catastrales de Cancún, luego de señalar malas prácticas en su cálculo.
“Yo tengo información de por lo menos cuatro amparos de gente cercana que me ha compartido sus acuses de recibo en el juzgado, donde ya les dieron la recepción en el juzgado federal para que se estudie su caso”, indicó el empresario y activista.
Aunque conoce sólo cuatro casos, asegura que hay más gente inconforme con las nuevas tablas catastrales, mismas que aseguró tienen incrementos muy altos de hasta mil por ciento.
“En algunas zonas incrementó muy fuerte el cobro del impuesto predial como lo estamos marcando en el boletín. Hay algunos que se van a mil y tantos por ciento o 900 por ciento, en fin, muy fuerte los incrementos”, lamentó.
Galaviz Ibarra informó que como presidente del Observatorio Legislativo, interpuso una revocación para pedirle al Ayuntamiento de Benito Juárez que considere que lo calculado no se hizo conforme a ley.
“Evidentemente, el municipio va a insistir en que sí se hizo apegado a la ley, a pesar de que existen pruebas de que no lo hizo así. Pero tenemos que hacerlo por procedimiento de ley”.
“El municipio tiene que responder en 30 días y si en 30 días no da respuesta o da una respuesta de la que no estemos de acuerdo, entonces, vamos a la siguiente etapa que es ir al Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar un juicio de inmunidad del acto reclamado, que en este caso es la autorización de las nuevas tablas catastrales”, explicó.
Según Galaviz Ibarra las irregularidades en las que cayeron las autoridades a la hora de tasar los catastros fueron apresurar el cálculo de los predios sin darlo a conocer al público en general y pasar del Consejo directamente al Ayuntamiento para su aplicación.
“Según ellos dicen (el municipio), que por cuestiones electorales no publicaron la propuesta, sino que se mostró en estrados de catastro. Obviamente, nadie supo de que se hubiera puesto en estrados y no hay una prueba fehaciente de que se haya publicado en esa fecha (mayo-junio) en estrados, esa es una prueba”, puntualizó.
“La segunda, es que las tablas se aprobaron por el Ayuntamiento el día 11 de noviembre; el Consejo catastral se reunió el 9 de noviembre para aprobar las tablas, y eso está en un acta en donde se dice que se aprobó ese día para que a los dos días siguientes lo aprobara el Ayuntamiento y fuera ya de los términos de ley”, ahondó el presidente del Observatorio Legislativo.
Por último, dijo que esperan una respuesta de parte del Tribunal de Justicia Administrativa a finales de este mes y a partir de ella, seguirán con la siguiente etapa del amparo.
