Cancún.- Las promoventes de los amparos interpuestas en contra del Plan de Desarrollo Urbano de Benito Juárez aprobado el año pasado, presentaron como evidencias de su ilegalidad un estudio comisionado por el propio ayuntamiento, en el que se señala el estado crítico del agua del subsuelo y las múltiples fuentes de contaminación hacia el sistema lagunar Nichupté.
En rueda de prensa realizada de manera virtual, Antonella Vázquez, de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Carmen Baez, comité de vecinos de la Supermanzana 15, quienes interpusieron recursos legales para frenar este PDU, alegaron que este documento pretende sobredensificar todavía más la ciudad, al autorizar la construcción de torres sin sustento en cuanto a servicios, además de transformar zonas de viviendas unifamiliares en multifamiliares en la zona norte; aunado a ello, desaparecen parques y zonas de equipamiento.
Lo anterior fue hecho “de manera fraudulenta”, a espaldas de la ciudadanía, ya que no figura en el documento sometido a consulta pública, señalaron.
No solo eso, sino que el Ayuntamiento de Benito Juárez ignoró un estudio realizado por expertos de Guadalajara, que ellos mismos solicitaron y en el que se advertía de un riesgo de crisis ambiental, por la contaminación del subsuelo por las descargas de aguas negras y por el relleno sanitario.
El estudio incluso señala de manera individualizada todos los puntos de descarga hacia la laguna y el mar, plenamente identificados, además de zonas en donde las descargas de aguas negras superan la infraestructura sanitaria.
El gobierno municipal tomó esta información y optaron por ignorarla, para así densificar más la ciudad, criticaron las activistas, quienes enfatizaron que este estudio, que presentarán ante el juzgado federal, proviene del propio Ayuntamiento.
El PDU fue elaborado “al vapor”, sin tomar en cuenta este ni otros estudios, pues ni siquiera tiene contemplados a los cenotes urbanos, por lo que no hay medidas para su protección. Por lo tanto, añadieron, lo conducente es que el juez federal ordene su anulación para obligar a la elaboración de otro, construido con base en derecho.
Criticaron que para construir un hotel o restaurante en la Zona Hotelera, la autoridad solicita estudios, pero para el documento rector de la ciudad, no se están exigiendo estas medidas.
También denunciaron que existe una omisión legislativa, al no imponer mayores candados para la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano, tema que también incluirán en su litigio.
“Deben entender la conexión entre el desarrollo urbano y el medio ambiente, cosa que tendrán que hacerlo cuadno vean las pruebas, aquí tenemos opiniones expertas, con peras y manzanas”, dijo Antonella Vázquez.
Lamentó que en la ciudad la población de adultos mayores o de personas con discapacidad no puedan circular correctamente, porque no hay consideración para ellos, al igual que no hay suficientes parques para los niños ni zonas de equipamiento para asegurar servicios básicos, salud y educación.
