Socios conductores de Uber acudieron a la Oficialía de Partes de la Sede del Congreso en la Zona Norte para presentar una solicitud de juicio político en contra de tres funcionarios: el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), la secretaria de Gobierno y la directora de Gobierno estatal. Recalcaron que son ellos quienes exigen el juicio político, no la plataforma.
“Es una facultad que nos abroga la Ley. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo dice que cualquier ciudadano con los motivos suficientes puede presentar esta petición o exhorto como lo quieran llamar, de solicitud de juicio político porque pues estarían denunciando el actuar irregular de funcionarios”, señaló en entrevista Carlos Calzado, socio conductor de la plataforma.
Explicó a su vez contra qué funcionarios se interpone esta solicitud de juicio político.
“Se presenta ante la Comisión de Justicia que encabeza Hugo Alday. Y es contra Erika Castillo Acosta que es la directora de Gobierno, una directora que no existía; contra Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del Imoveqroo y de María Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno. Y nos reservamos el derecho de todavía hacer denuncias en contra de más funcionarios públicos”, detalló.
Piden una explicación al gobierno estatal de por qué se dio el nombramiento de Erika Castillo, socia taxista, en medio del conflicto del sindicato de taxistas de Cancún con los conductores de Uber. Y es que recordemos, el padre de la funcionaria fue líder de los “chafiretes” de Cancún.
Además criticaron la propuesta de que ahora el Imoveqroo esté analizando cobrar más del 2 por ciento contemplado originalmente, que podría ser hasta 7 por ciento. Dijeron que estas instancias autónomas deberían rendir cuentas del dinero que recaudan, como el fondo que se pretende crear con estos cobros a choferes, repartidores y plataformas.
DENUNCIAN CONDUCTORES, NO LA PLATAFORMA
Los socios conductores dejaron claro una vez más que sus acciones y decisiones son a título personal y a nombre solo de los operadores. Ellos no hablan en ningún momento POR la empresa.
“Hemos dicho siempre que nosotros representamos los intereses de los socios conductores, la empresa es otra cosa”, recalcó Calzado.
Se les preguntó a los socios conductores qué les ha dicho Uber.
“Uber, ellos trabajan desde su trinchera, ellos están viendo lo que van a hacer. Yo estoy segura que Uber, está haciendo algo para contrarrestar lo que son las peticiones o las condiciones que está queriendo ahorita poner Movilidad para nosotros, ya no los dejarán saber a todos. Y nosotros por nuestro lado estamos nada más haciendo lo que nos toca como ciudadanos alzando la voz y recordándole a los servidores públicos que están ahí para el beneficio de la sociedad”, expresó por su parte Águeda Esperilla Soto, vocera de los socios de Uber en Cancún.
Recalcó que la solicitud de juicio político contra estos funcionarios se debe a que declararon poco después del fallo del Tribunal Colegiado que la plataforma era ilegal. Los culpan de generar más violencia contra los socios conductores.
“Ellos salieron a decir que Uber era ilegal a pesar de que ya estaba resuelto (el amparo), lo único que provocaron fue generar la violencia de la que días después todos fuimos testigos. Todo está mal, y Erika Castillo no debería estar ahí porque tiene conflicto de intereses. No puede ser juez y parte (socia taxista y funcionaria”, subrayó Esperilla Soto.
Finalizaron diciendo que son ya más de 500 denuncias las que han interpuesto contra los taxistas por agresiones, amenazas y demás incidentes. Lamentan que ninguna haya procedido y dicen que temen por su integridad, pues no se sienten protegidos por las autoridades. Por ello piden también la renuncia del fiscal general del estado de Quintana Roo.
