De acuerdo con el Observatorio Legislativo de Quintana Roo el Ayuntamiento de Benito Juárez habría simulado la realización de una sesión de Cabildo por el tema de tablas catastrales. Según la información con la que cuenta el organismo, dicha sesión jamás se efectuó.
Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Eduardo Galaviz Ibarra, quien además dio los pormenores de cómo va el amparo y demás quejas interpuestas contra el incremento de los valores catastrales en Cancún.
“Tenemos dándole seguimiento al proceso que anunciamos desde diciembre, en el sentido de que la modificación a las tablas catastrales no se había seguido el proceso que marca la ley. Iniciamos en diciembre un recurso de revocación ante el Ayuntamiento, el cual nos dio respuesta en enero diciendo que estaba correcto; era lo que nosotros esperábamos. Necesitábamos esa prueba para presentar ante el Tribunal de Justicia Administrativa un recurso de juicio de nulidad”, explicó en entrevista el presidente del organismo.
Y es que siguieron el proceso para que la primera respuesta del magistrado del Tribunal no fuera preguntarles por qué no hicieron el primer recurso ante la autoridad que aprobó el aumento de los valores catastrales.
Sin embargo, notaron que en la respuesta del Ayuntamiento había datos que no se podían verificar.
“Entonces nos dieron las respuestas. Sabíamos que estaba ahí, pero en ese procedimiento de la sesión de Cabildo que hicieron, los abogados de nuestro equipo notaron que estaban pasando la información del dictamen en algo que no era lo correcto; entonces para ratificar su error metimos un nuevo recurso de revisión en febrero”, complementó Galaviz Ibarra.
Y fue entonces cuando se percataron que la supuesta sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez a la cual hacen referencia al parecer nunca se llevó a cabo, porque en la fecha señalada tanto Ana Paty Peralta como Jorge Aguilar Osorio ni siquiera estaban en Cancún, estaban en la capital.
“Cuando nos dan la respuesta de ese recurso se notifica el día 29 de marzo por una aparente sesión extraordinaria de Cabildo que hicieron ese día a las 10:20 de la mañana, y se notifica el resultado a las 4:00 de la tarde; dato importante, tanto la presidenta municipal como el secretario del Ayuntamiento que conducen las sesiones de Cabildo, estaban en Chetumal en eventos en la mañana de ese 29 de marzo”, aseguró Eduardo Galaviz.
NO HAY REGISTRO DE LA SUPUESTA SESIÓN
Además no hay constancia de dicho evento en redes sociales, muchos regidores e incluso la prensa no tienen información sobre esa supuesta sesión de Cabildo en la que se habría hablado del aumento de las tablas catastrales.
“Investigamos con algunos regidores; no sabían de qué les estábamos preguntando e investigamos también en sus páginas de Facebook para ver qué estaban haciendo y no estaban ahí; no hubo tampoco información; ustedes (los medios) están ahí en Palacio y saben, porque se dan cuenta de si hubo o no una sesión, y también algunos de ustedes me dijeron no saber de qué estábamos hablando”, puntualizó.
Por ello la recomendación de los abogados del Observatorio Legislativo fue ingresar un amparo indirecto ante la Justicia Federal por la omisión o la posible simulación de la realización de una sesión de Cabildo.
Eduardo Galaviz espera que este día les den el número de expediente. Y el siguiente paso será que el juez mande a pedir informes a todos los integrantes del Cabildo sobre el tema de las tablas catastrales y la supuesta sesión de Cabildo que según el Observatorio Legislativo no se hizo.
“Y ahí vamos quizá a encontrar arreglos y mentiras, lo que siempre dicen los papás: ‘una mentira te lleva a otras mentiras’”, recalcó.
Finalizó diciendo que el interés del Observatorio Legislativo de Quintana Roo es que las cosas se hagan bien. Que no se trata de un ataque político ni contra los funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez. Solo piden que se cumpla la ley.
Se espera que la respuesta llegue en aproximadamente un mes, dada la fuerte carga de trabajo del Poder Judicial. Y la posible resolución del amparo podría tardar unas dos semanas. El fin es que declare sin validez la aprobación del aumento a los valores de las tablas catastrales.
