Chetumal. – Como parte del movimiento nacional feminista, el Colectivo Marea Verde entregó un documento al Congreso del Estado para que se incluya en la próxima sección la reforma a la Ley 3 de 3, para imposibilitar que agresores de mujeres y a deudores alimentarios sean votados o ejerzan cargos en la administración pública.
Quintana Roo cuenta con un padrón estatal de personas inelegibles por estos causales, pero no funciona, señaló, porque no es público y porque deudores alimenticios pueden permanecer morosos y sólo ponerse al corriente cuando son amenazados de ser inscritos en este listado, para así no figurar en él.
La presidente del Colectivo Marea Verde que forma parte de la Red Feminista Quintanarroenses, Yunitzilin Rodríguez Pedraza, explicó que a través del escrito buscan que los legisladores agilicen la aprobación de las ordenanzas palomeada en el Congreso de la Unión.
“Una vez aprobada a nivel nacional, el principio de rigor constitucional exige que estas reformas pasen por las legislaturas de los estados para que pueda ser publicada en el Diarios Oficial de la Federación, ese es el proceso legislativo y estamos solicitando que se incluya en la próxima sesión”, comentó.
Añadió que los colectivos feministas en todo el país están entregando en sus respectivos estados esta misma solicitud para que se inserten en la orden de las próximas sesiones y lo más pronto posible la reforma a la ley se pueda publicar y ejecutar.
Dijo que en el caso de Quintana Roo el documento se entregó a todos los diputados que conforman la actual legislatura e incluso se ponen a disipación para que en caso de requeridas puedan brindar asesoría y acompañamiento para palomear la ordenanza.
“Lo que buscamos es que seamos de los primeros estados que apruebe la reforma y logren avances en la incisiva, de hecho, también se pretende que esta ley se aplique a todos los entes de gobierno estatales y municipales, a los órganos autónomos, al Poder Judicial y las Comisión de Derechos Humanos”.
Comentó que se busca que todo aquel que esté en la función pública, en las instancias de procuración de justicia e incluso en los órganos electorales y sea un agresor de mujeres, un deudor alimentario, un acosador o un violador no pueda ejercer ningún cargo.
“Como colectivas estamos trabajando en ello para la protección de las infancias y los derechos de las mujeres, de tal suerte que se busca homologar esta reforma de ley a las ordenanzas locales que incluyen el tema de los deudores alimentarios”.
En ese sentido dijo que en Quintana Roo ya se tiene este padrón, pero no funciona adecuadamente, de ahí, que pugnarán para que se homologue a la ley nacional y de una vez por toda se ejerza acción en contra de quienes no cumplen su función como padres.
