Cancún.- Cinco años atrás, Luis Fernando Peón, jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), recibió un llamado de su dirigente, José Isidro Santamaría Casanova, para que acudiera a su oficina. Él abandonó su casa, para ya no regresar, pues un día después, su cuerpo ejecutado fue hallado abandonado junto a la carretera federal.
Luz María del Carmen Peón Cardín, madre de esta víctima, denunció que desde que esto ocurrió, en 2018, la investigación en torno a este homicidio no ha tenido ningún avance, e Isidro Santamaría, la última persona en hablar con su hijo, ni siquiera ha sido llamado a comparecer.
Entrevistada junto a un retrato de su hijo, en el bloqueo realizado hoy a los tribunales de justicia, esta mujer, integrante de la asociación “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, reveló que al día siguiente de la desaparición de su hijo, un comando de ocho supuestos policías judiciales con pasamontañas y armados, entraron a su domicilio en búsqueda de un presunto dinero robado.
Al respecto, la Fiscalía General del Estado le ha recomendado que no mencione nada sobre el robo, ya que podría en riesgo a su familia.
“Me surgieron que no mencionara nada del robo, que sólo busque a los homicidas, pero yo quiero que se aclare el robo, porque supuestamente fue por lo que se desapareció”, indicó.
Señala que a pesar de que han pasado cinco años, las autoridades no han presentado avances en las investigaciones, ni han llamado a declarar al líder de la CTM, quien fue la última persona que habló con su hijo por teléfono.
Afirma que las Fiscalía argumenta que no cuenta con indicios, ya que en el lugar donde fue abandonado el cuerpo de su hijo no hay cámaras de seguridad, además, a las prendas con las que fue encontrado no le realizaron ninguna prueba.
“Durante los cinco años no ha habido avances, no le han dado la condición de víctima, teniendo el teléfono de mi hijo, nunca solicitaron la geolocalización, a pesar de que desapareció con su teléfono”, denunció.
Comentó que Atención a Víctimas sólo le ha pedido copias del expediente y Derechos Humanos argumenta que la Fiscalía está trabajando de manera correcta.
