Cancún.- La mayoría de empresas, sobre todo del ramo de autoservicio, viola el convenio que sostiene con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), al emplear a adultos mayores en condiciones de explotación, tal como ocurre actualmente en Bodega Aurrerá, Walmart, Súper Akí y San Francisco de Asís, entre otros establecimientos de esta ciudad.
Así lo denunció este día Pablo Salmerón Montes, titular de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores, al señalar que en muchas de esas empresas son aceptados como empacadores, pero la administración los obliga a llevar a cabo otras labores, sin recibir siquiera el salario mínimo y una contratación.
En conferencia de prensa hoy en Cancún, el presidente de esta organización señaló que el Inapam debe de tomar ya cartas en asunto, pues es su obligación verificar estos casos y conseguirles trabajos dignos, donde sean valorados.
Indicó que el Inapam debe contar con unas oficinas propias, y con personal amplio y especializado, para que su capacidad de respuesta y atención sea la más adecuada para este sector poblacional.
En ese tenor, Salmerón Montes señaló que esta coordinadora, que cuenta con 300 integrantes en la ciudad, buscará que los gobiernos federal, estatal y municipal intervengan para que las empresas les brinden a adultos mayores todas las prestaciones de ley y un salario justo.
“Vamos a estar peleando por un salario mínimo, y para que el adulto mayor, a su vez, reciba sus propinas. Creo que eso sería justo”, añadió.
En ese tema, el representante de este sector poblacional enfatizó que, a partir de la pandemia, se han agravado los “malos tratos” de las empresas hacia los adultos mayores.
“Por ejemplo, a partir de la pandemia, ya no contrataron a adultos mayores, como es el caso de Walmart, y desde entonces, muchos trabajadores que cumplen 75 años o que tienen una enfermedad degenerativa ya nos los reciben. Entonces, creemos que es discriminatorio y vamos a exigirle al Inapam que revierta este asunto”, destacó.
Por último, Salmerón Montes hizo un llamado a todas las autoridades para que cumplan la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobada en 2002, la cual, dijo, no ha garantizado, hasta el momento, mejores condiciones de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social para este grupo de la sociedad.
