Cozumel.- El amparo interpuesto por un operador de calesas tiradas por caballos en Cozumel, en contra de la Ley de Bienestar Animal, mantiene “atada de manos” a la Procuraduría de Protección al Ambiente, aunque no así al gobierno municipal, que sí podría intervenir, pero que se ha mantenido “neutral”, pese al abuso animal cometido.
Así lo reconoció Alonso Fernández Lemmen Meyer, procurador de Protección al Ambiente de Quintana Roo, quien indicó, el Gobierno del Estado está buscando alternativas, ya que el municipio ha sido “un poco omiso”.
El funcionario explicó en entrevista que en reuniones con representantes del municipio, se les informó que estas calesas no cuentan con permisos municipales y sólo tienen un convenio sin renovar de hace muchos años, por lo que cuentan con la autoridad para poner un fin a estos vehículos de tracción animal.
Pese a ello, el ayuntamiento ha preferido mantenerse al margen, lamentó Lemmen Meyer.
Por el momento sólo el gobierno estatal busca la manera de sacar los caballos de la calle, recalcó, ya que al estar todo el día en el sol y sobre el pavimento caliente, se está violentando la Ley de Bienestar Animal del estado.
Lemmen Meyer indicó que ya realizaron un operativo para verificar si los animales estaban en buen estado, con el objetivo de entregarlos a alguna asociación para su resguardo.
“Estamos viendo si alguna asociación se pudiera quedar con los caballos y regresar a hacer la diligencia para destrabar los caballos de las calesas”, comentó.
Dijo que al realizar los operativos por parte del Instituto de Movilidad (Imoveqroo), la gente no se quiere bajar de las calesas, ya que, al parecer, “están bien entrenados”.
Además, al tratar de pedir el apoyo del municipio para las diligencias, las autoridades locales no han querido involucrarse, con el argumento de que prefieren esperar una resolución definitiva de un juez.
Cabe señalar, que cincos calesas, todas propiedad del empresario José Julio Azcorra Rejón, volvieron a operar en las calles de la isla tras lograr que las autoridades municipales acataran un amparo definitivo ganado desde 2020.
