Rodolfo Hernández Espinoza, abogado que lleva el caso de Juan Carlos Ortega Prado, empresario desaparecido en 2021 en Mahahual, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo de tener omisiones en la investigación.
En entrevista, señaló que dichas inconsistencias se deben a la presunta participación de funcionarios tanto estatales como federales en la desaparición de Ortega Prado, según dijo, fue por una supuesta disputa de bienes y propiedades.
Cabe recordar que, Juan Carlos Ortega Prado era un hotelero que fue visto por última vez el 13 de septiembre de 2021 en la carretera Limones em dirección a Felipe Carrillo Puerto, en el kilómetro 48.
Aunque Rodolfo Hernández Espinoza no dio detalles del caso, comentó que al momento de las diligencias se aseguró una camioneta con placas de Tabasco, la cual, presume, pertenece a un personaje de la política de dicho estado, a quien no han llamado a declarar.
De acuerdo con el jurista, los políticos involucrados en la desaparición de Ortega Prado han sido candidatos presidenciables y actualmente buscan cargos de elección popular.
“Existen funcionarios públicos en activo en el estado de Quintana Roo que ya rindieron su entrevista ante la federación. También otro funcionario público, que hoy está como candidato a ocupar una diputación federal, fue mencionado por la esposa de la víctima”, reveló.
Asimismo, recordó que dicho servidor público le habría dicho al cuñado de Ortega Prado saber qué había pasado con el dueño hotelero.
“(El político) está mencionado por la esposa de la víctima, donde dice que él tiene conocimiento de los hechos, porque el hermano de ella habló con él y confesó que sabía que había pasado con su esposo. Fue por un capricho de un servidor público de Quintana Roo”, sentenció.
Además de las irregularidades que presenta la Fiscalía General del Estado, el litigante denunció que los testigos protegidos con los que cuenta han sido amedrentados para que ya no rindan su declaración.
Sumado a lo anterior, Hernández Espinoza también culpó a las autoridades de no contar con los mecanismos necesarios para llevar a cabo el proceso como corresponde. Alegó que hacen falta peritos especializados en materia de audio y video, situación que entorpece las diligencias.
“La fiscalía no cuenta con peritos en acústica forense, lo que debilita una etapa de la investigación. Además, no se le da el apoyo a la víctima en el sentido psicológico. Entonces, a pesar de tener los elementos suficientes, no hay facultades para una investigación adecuada”, lamentó.
