El Observatorio Legislativo de Quintana Roo criticó la abrogación de la Ley de Imagen Institucional, debido a que promueve un mal uso de los recursos públicos y sobre todo, violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de la entidad.
Cabe recordar que el día martes 14 de mayo se aprobó por mayoría la desaparición de la Ley de Imagen Institucional, la cual impedía usar los colores partidistas en la comunicación oficial del gobierno. La iniciativa fue aprobada con 20 votos a favor y cuatro en contra. Destacó el rechazo de Julián Ricalde Magaña, legislador sin partido pero que simpatiza con la autodenominada 4T.
El Observatorio Legislativo recordó que en uno de los apartados del Artículo 134 constitucional, se señala que la comunicación social difundida por las administraciones debe ser de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social. Por lo que, en ningún momento debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que hagan referencia a la promoción personal de cualquier servidor público.
La abrogación de la Ley de Imagen Institucional implicaría que se tendrían que invertir importantes recursos para el cambio de apariencia de inmuebles, vehículos oficiales, papelería, entre otros. Esto se repetiría en cada administración.
El Observatorio Legislativo indicó que una nueva imagen institucional cada que cambie una administración promovería la inequidad política y gastos excesivos al cambiar los colores de los bienes muebles e inmuebles- Y reiteró que la intención de la Ley de Imagen Institucional era evitar colores y distintivos partidistas en la comunicación oficial de dependencias.
Asimismo, lamentó que solo se haya votado la desaparición de la ley, pero no se propuso nada para sustituirla.
El Observatorio Legislativo recordó que curiosamente, los diputados que aprobaron esta iniciativa de abrogación están en busca de su reelección en los próximos comicios del 2 de junio, sugiriendo, que con la abrogación se verían beneficiados.
Finalmente, el organismo que preside Eduardo Galaviz Ibarra pidió a las autoridades estatales que no publiquen el decreto que abroga la ley, o incluso que lo veten.
