El juez del Juzgado Primero de Distrito de Mérida, Yucatán, Adrián Fernando Novelo, decretó la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya por daños ambientales. Esto hasta que se resuelva el juicio de amparo promovido en marzo de 20222.
En el tramo 5 sur, que comprende de Playa del Carmen a Tulum, las empresas que se encargan de la realización de la obra no han respetado la autorización de impacto ambiental que emitió en 2022 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esta decisión se determinó luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizará una inspección del 19 de febrero al 6 de marzo, tras la denuncia de activistas del colectivo “Sélvame del Tren”.
En estas fechas, se documentó a camiones revolvedores lavando su olla en lugares no autorizados, derrames de cemento en cavernas, colapso del techo de un cenote, modificación de la topoforma de las cavernas a causa de las perforaciones del material pétreo para la construcción de pilotes, además de la extracción de agua sin tener un permiso para hacerlo. Lo anterior, ocurrió en las cavernas de Garra de Jaguar, X’tun, Oppenheimer y Ocho Balas.
Por lo anterior, el juez concedió la suspensión y determinó que aunque una obra esté autorizada, lo importante es que se cumpla con todo lo establecido, como las condicionantes, restricciones y prohibiciones que se estipulan por la autoridad competente, las cuales, de acuerdo con Semarnat, no han sido respetadas.
La suspensión dictada el 13 de junio, responde a un amparo presentado en marzo de 2022 y desechada por el mismo juzgado. Sin embargo, luego de un recurso de revisión dicha demanda de amparo se amplió para señalar los daños ambientales más allá del desmonte de selva en el tramo 5 del Tren Maya, los cuales han sido calificados como irreversibles.
“En el presente asunto se acredita que de ejecutarse el acto reclamado, es decir que se continúen los trabajos de construcción en el tramo cinco sur de la obra pública Tren Maya, se causarían daños de difícil reparación que podrían ser irreparables”, se lee en el resolutivo del juzgado.
Por su parte, el ambientalista José Urbina, también conocido como “Pepe Tiburón”, sugirió que se obligue al gobierno federal a acatar el resolutivo mediante una solicitud emitida por el Ministerio Público, ya que en el pasado la federación ha desacatado los recursos legales impuestos. De esta manera se reclamarían sanciones de cárcel para los que resulten responsables.
