La reforma electoral promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no sólo es un cambio de ley, sino también un atentado contra la vida laboral de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE).
Lo anterior lo dio a conocer en entrevista José Luis Olivares Carmona, vocal ejecutivo de la junta 01 de INE en Quintana Roo.
“Se están violando los derechos laborales del personal que ya tenemos tiempo trabajando. El instituto al atender lo que establece la reforma, deberá de tomar todos estos ajustes en detrimento de la base laboral; en ese sentido, las diferencias entre el instituto y el personal laboral, las dirime el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, adelantó.
Aunque confesó que en la Junta Distrital aún no tienen un impacto directo por el famoso plan B, en su momento se prevé un recorte de personal masivo, el que generará que una o dos personas se hagan responsables de las funciones de todos.
“Como saben, durante todos estos años, el instituto ha trabajado bajo la figura de cinco vocales, que integran tanto a las juntas distritales como a las juntas locales, y cada vocal tiene personal auxiliar, quien lo apoya en las actividades administrativas. Con la ley (plan B), estas figuras, hablando de una Junta Distrital que somos alrededor de 20 personas, se va a reducir a dos”, lamentó.
“(Habrá) un vocal operativo, desaparecen todas las vocalías, desaparece toda la estructura administrativa y se reduce al vocal operativo y a una persona que lo auxiliará en las actividades”, detalló.
Por lo anterior, la figura de vocal ya no existiría, se sustituiría por un coordinador que sería el responsable de verificar todas las actividades del registro electoral de manera centralizada en Chetumal a través de la Junta Local.
“(La nueva reforma) le quita responsabilidades (a la Junta Distrital) se quita al vocal; no sabemos en qué deparará, sabemos que es algo muy complicado que probablemente afecte a la ciudadanía, pero de entrada afecta al personal. Así en todas las áreas”, informó.
“Llegando el proceso electoral, imagínate, ¿quién atenderá la instalación de casillas, la recepción de paquetes, la distribución de los mismos, y todo lo que ustedes ya conocen?”, cuestionó.
Por ello ya están analizando ampararse contra la reforma propuesta por AMLO y aprobada por los legisladores de la 4T.
“Nosotros nos vamos a amparar contra esa violación a los derechos laborales en contra del instituto para que no surta efecto. Esto es un efecto de doble vía, nosotros nos amparamos para proteger nuestros derechos laborales y a su vez, el instituto inicia actos de inconstitucionalidad para hacerle ver a la Suprema Corte de Justicia, que lo que se aprobó como plan B es un plan que a todas luces viola la Constitución”, subrayó.
En Quintana Roo, son al menos 150 trabajadores afectados por el plan B y de implementarse sólo conservarían su empleo de 12 a 15 personas en todo el estado. Por ello es que analizan ampararse.
