Cancún.- Después de quejarse de sufrir un “linchamiento público” por parte de los diputados locales, por haber promovido un amparo en contra del proceso de selección del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la periodista Graciela Machuca afirmó que detrás del recurso hay muchas personas y grupos, quienes buscan “rescatar” esta institución ciudadana, de las garras de las líneas políticas.
Por su parte, el diputado local Eduardo Martínez Arcila confirmó que a raíz de esta suspensión judicial, esta selección ya no saldrá en el actual periodo ordinario y tal vez quede para la siguiente legislatura.
En entrevista, la comunicadora aseveró que la actual situación legal se debe no al amparo, sino a las “cochinadas” de los legisladores, quienes quisieron ajustar el proceso de selección para favorecer a una de los suyos.
“Esto nació desde el año pasado, desde que empezaron a modificar la ley en el Congreso, para así emitir una convocatoria a modo”, explicó. “Nosotras nos amparamos a inicios de febrero, pero ellos lo impugnaron y echaron abajo. Nosotros después ingresamos una queja y el martes salió la suspensión provisional”.
La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Judith Rodríguez Villanueva, es quien ha actuado con poca ética, incluso incurriendo en actos sancionables, para promover su imagen, modificar la ley, solicitar licencia y luego regresar como aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.
“Nosotras veíamos el desempeño de la presidente de esta comisión, que tenía 10 quejas en su escritorio y nos enteramos que fue seleccionando algunos casos, lo que es exclusión, discriminación”, afirmó. “Esta es una conducta sancionable”.
Esto fue evidente, dijo, al ver la atención “exprés” brindada al caso de la represión del 9N, en donde a toda velocidad, a espaldas de las víctimas, reportó este asunto como concluido.
También mostró interés en una nueva Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, para reemplazar a la que fue derogada. Graciela Machuca, que fue impulsora de la anterior ley, trabajó con Judith Rodríguez en la elaboración de la iniciativa, incluso trayendo a expertos de la Ciudad de México.
“Pero cuando tocó ingresarla, ya no movió un solo dedo”, se quejó la periodista. “Pensamos que era sincero su apoyo, pero quedó claro que ellla negoció con este tema”.
Después de esto vino su solicitud de licencia, para presentarse como aspirante a la Cdheqroo, luego que ella misma retirara de la ley los candados que impedían que personas con intereses políticos pudieran llegar al cargo.
El amparo promovido para frenar esto, comentó Graciela Machuca, no fue solo suyo. En Chetumal cuenta con el apoyo de Raúl Ojeda, así como una asociación civil de Playa del Carmen y un bufete jurídico en Cancún, encabezado por María Teresa Paredes.
Detrás de esto no hay interés en alguna posición o espacio político, defendió, sino que tratan de rescatar un organismo ciudadano, que fue creado en respuesta a tanto atropello y pérdida de vidas por parte de instancias de gobierno.
“Aceptar que esta Comisión ya no tenga autonomía, sino que siga una línea oficial, es perderlo”, comentó.
En entrevista separada, Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Gobierno del Estado, confirmó que a raiz de este amparo, el proceso de selección ya ha quedado descartado para este periodo ordinario.
Es posible todavía proceder con la selección del próximo ombudsperson en una sesión extraordinaria, añadió, sin descartar que tal vez quede esta designación pendiente, hasta la siguiente legislatura.
El panista enfatizó que la suspensión del juez es provisional, otorgada de manera rutinaria, sin revisar todavía los méritos de la queja.
“Un vaso de agua no se le niega a nadie, sabemos que se la concedieron, pero en resolver este tema el proceso estará detenido un mes”, añadió, al confiar que la actual convocatoria no será revocada.
