Cancún.- Desde hace muchos años, fuertes sumas de dinero público son destinadas para publicidad, con la verdadera finalidad de posicionar la imagen de diversos funcionarios públicos, señaló Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, quien afirmó que por ello es importante que el Congreso del Estado cree una ley reglamentaria que permita tener un mayor control sobre estos recursos.
En entrevista, el empresario recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional en 2018 emitió un dictamen, en el que insta al Poder Legislativo a crear una Ley de Comunicación Social que esclarezca y detalle los criterios a que debe estar sujeto este gasto, la cual además debe disponer procedimientos concretos y reglas específicas.
Sin embargo, Galavitz Ibarra destacó que hasta el momento la Cámara de Diputados no ha hecho caso de este dictamen de la SCJN, aunque a nivel local la comunicación social puede ser regulada, gracias al artículo 166 Bis de la Constitución del Estado, de la cual se puede desprender una ley reglamentaria en esta materia.
En ese sentido, precisó que, de hacerlo, la XVII Legislatura daría un paso importante para acabar con el uso indiscriminado y tendencioso de los recursos que se destinan a medios de comunicación, con fines políticos.
Agregó que esta medida se ha vuelto cada vez necesaria dada los casos de gobernantes o diputados locales que “usan a algunos medios” para posicionarse en el electorado, con miras al siguiente proceso electoral.
Galavitz Ibarra resaltó que esta práctica es muy común en las autoridades, y, por lo tanto, el recurso para Comunicación Social se presta “a un manejo corrupto, porque algunos medios incluso le pasan una comisión a quien decidió darles el contrato”.
“Además, las autoridades premian a los que hablan a favor y castigan a los que son críticos o que señalan a algunas autoridades, porque a los funcionarios no les gustan las críticas, aunque éstas tengan razón”, destacó.
Por último, el presidente del Observatorio Legislativo consideró que este recurso, hasta cierto punto, es innecesario, puesto que, dijo, “el gobierno no debe pagar para que los medios hablen o publiquen un boletín, porque ya es de por sí algo que es de interés para la comunidad”.
