Cancún. – Tras conseguir el amparo federal que ahora permitirá a la empresa Uber operar en Quintana Roo sin una concesión de transporte público, socios de esta plataforma digital hicieron un llamado a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal general, Óscar Montes de Oca, a interceder para garantizar su seguridad, dado la posible persecución y agresiones que pudieran emprender en su contra los taxistas del estado.
Águeda Esperilla Soto, trabajadora de Uber, recordó que desde la llegada de esta empresa en 2016 han sido víctimas de acciones violentas por parte de integrantes del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, principalmente, de lo cual responsabilizó a la Fiscalía General del Estado (FGE), por su omisión.
“Aquí hay que presionar a la Fiscalía del Estado y al Gobierno del Estado, finalmente ellos tienen que poner orden, para eso están las autoridades para poner orden”, apuntó.
Por su parte, Carlos Calzado, socio de Uber, consideró importante la intervención de la gobernadora Mara Lezama para garantizar el orden ante supuestas amenazas por parte de los taxistas.
“No es posible que venga cualquier hijo de vecina a decir que va a hacer un desmán, a decir que van a seguir las golpizas en su cara y dónde está la Secretaría de Seguridad Pública, y dónde está la Secretaría de Gobierno, y dónde están todas las instancias del Gobierno del Estado que tendrían que actuar de inmediato”, manifestó.
En ese sentido, públicamente hicieron responsable al director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) de los posibles actos en su contra.
“Él (Rodrigo Alcázar) ha estado fomentando también la violencia, no solamente a través de la inacción, sino porque ha estado sosteniendo reuniones con los sindicatos de taxistas y que tendría que hacerlas públicas, porque es un funcionario público”, finalizó.
