Cancún.- Integrantes de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) aseguraron hoy, en rueda de prensa, que si el Ayuntamiento de Benito Juárez optar por apelar la sentencia en contra del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), entonces es que apoya a los intereses de los particulares y no los de la ciudadanía.
Esta conferencia fue realizada esta mañana, antes de que el Ayuntamiento de Benito Juárez anunciara a través de un comunicado que buscará recurrir la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito, al defender que el PDU fue elaborado de manera legal.
Previo a ese anuncio, Antonella Vázquez, integrante de la asociación civil DMAS, refirió que la decisión del juez puso en evidencia que el PDU, aprobado por el Cabildo de Benito Juárez en 2022, violenta el derecho humano a un medio ambiente sano, además de contener otras violaciones a la seguridad jurídica contemplada en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Acompañada de Carmen Báez, representante vecinal de la Supermanzana 15, la especialista indicó que el PDU suspendido buscaba aumentar las densidades en varias zonas de la ciudad, además de que violó el derecho de la participación ciudadana, al ser realizado “en lo oscurito”.
“Violó el derecho de participación ciudadana y, a su vez, el derecho de transparencia y acceso a la información, ya que la autoridad municipal no dio respuesta a las observaciones que emitieron los ciudadanos que participaron en el proceso de consulta”, resaltó.
“En este proceso, la autoridad municipal no acreditó que cuenta con un atlas de riesgo, plan de movilidad estudios de carga ambiental y evaluaciones de impacto ambiental generados especialmente para la formulación del programa de desarrollo urbano reclamado”, añadió Antonella Vázquez, al citar la resolución del juez.
En ese tenor, la integrante de esta asociación recalcó que espera “lo peor” de las autoridades municipales, ante esta resolución jurídica, anticipándose a la decisión de la Comuna de respaldar este documento.
Por su parte, Carmen Báez hizo un llamado al Congreso local para que emita una ley que le impida a los Ayuntamientos realizar Programas de Desarrollo Urbano que atenten contra el medio ambiente y generen más densidad poblacional.
“Es decir, una reforma en beneficio de todos los ciudadanos, y presentar, primero, ante el Congreso, una iniciativa de ley, que promoverá sobre todo la transparencia. Necesitamos saber cuáles son nuestras áreas verdes, nuestros espacios públicos”, añadió.
