Cancún.- Activistas acusaron hoy a Paola Moreno Córdova, Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Benito Juárez, de haber incurrido en violencia familiar y tráfico de influencias, en agravio de Daisy Sarai Toboada y su menor hija, de iniciales JRT, a quien presuntamente ha intentado expulsar de su vivienda.
En conferencia de prensa la presunta víctima, quien fue respaldada por el colectivo “50+” que lidera Ludivina Menchaca Castellanos, explicó que el actual conflicto deriva del hecho que esta funcionaria se encuentra en un proceso de divorcio con Emiliano Ramos Hernández, padre de la menor en cuestión.
La mujer refirió que, en el juicio de separación, se pelean los bienes acumulados durante el matrimonio entre ellos, lo que incluye la casa donde radica ella con su hija. Ella añadió que, durante el tiempo que vivió con Emiliano Ramos y Paola Moreno, sufrió violencia física y psicológica.
Ante ello, interpuso una denuncia formal por violencia familiar en febrero de este año abriéndose la carpeta de investigación bajo el número 330/2023.
A raíz de esa denuncia, la funcionaria exigió a la jueza que lleva el proceso de divorcio, Jennifer Lockwood, que en el reparto de bienes incluya la vivienda donde vive la menor.
Desde entonces, Daisy Tobada y su hija han sido objeto de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de las funcionarias, quien haciendo uso del tráfico de influencias ha corrompido el proceso para sacarla de la vivienda.
“Aún no concluye el proceso, por lo tanto, tampoco el reparto de bienes entre Emiliano Ramos y la funcionaria, de modo que no puede disponer de la vivienda, la cual también le pertenece al padre de mi hija, porque fueron bienes que se acumularon en el matrimonio”, dijo la denunciante.
Sostuvo que el proceso se encuentra viciado; tan es así que el pasado 30 de mayo, Paola Moreno, acompañada por policías municipales, llegaron a la vivienda para iniciar el desalojo.
Allí, en un acto totalmente ilegal, su hija y ella fueron amenazadas por los policías y la propia funcionaria, quien argumenta que necesitaba la casa porque ella vive en una propiedad pequeña donde duerme en una misma cama con sus tres hijas.
Daisy Sarai Toboada negó tales aseveraciones, toda vez que Paola Moreno y Emiliano Ramos cuentan con cuatro propiedades, además ella recibe un sueldo como funcionaria pública; es decir, que no se encuentra desamparada.
Mencionó que mientras las autoridades agilizan el proceso de la funcionaria, la denuncia por violencia familiar en contra de la menor se encuentra empantanada, al grado de que le dieron audiencia hasta noviembre.
“Mientras la jueza agiliza el proceso para realizar el despojo, la denuncia por violentar durante años a mi hija no avanza, demostrando así el tráfico de influencia por el hecho de ser funcionaria”, criticó.
La denunciante pidió a la jueza Jennifer Lockwood llevar el proceso conforme lo marca la ley y pidió a la presidenta municipal Ana Patricia Peralta que investiguen el caso.
Además, solicitó la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para que, de una vez por todas termine el acoso y el hostigamiento de la que son objeto ella y su hija.
PEDIRÁN LA APLICACIÓN DE LA LEY 3 DE 3
Por su parte, Ludivina Menchaca, presidenta del colectivo “50+” respaldó la denuncia de Daisy Taboada y su hija, adelantando que pedirá a la alcaldesa Ana Patria Peralta, que aplique la Ley 3 de 3, en la cual prohíben que violentadores y deudores alimentarios participen en la función pública.
Aseguró que dicha ordenanza no sólo aplica para los hombres, sino a todo aquel que ejerza violencia contra otras persona o menores de edad, en este caso sobre la funcionaria pesa una denuncia por agresión verbal y física contra su hijastra.
“La ley debe aplicarse de forma pareja, no es exclusiva para los hombres, de tal suerte, que la autoridad municipal debe removerla del cargo, además que abusando de su nombramiento también ejerce tráfico de influencias”, dijo.
La líder del colectivo señaló que también hace un llamado a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien es amiga de la funcionaria, toda vez que participaron juntas durante el pasado proceso electoral para que atienda el caso y se salvaguarden los derechos de la menor.
