Cancún.- Ejidatarios de la delegación Alfredo V. Bonfil acusaron que persiste mucho divisionismo entre los integrantes del núcleo ejidal, para ir unidos legalmente contra el actual presidente del comisariado ejidal, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, señalado de no repartir de forma equitativa los 450 millones de pesos que recibió de Fonatur, por la expropiación de 73 hectáreas para el Tren Maya.
En una rueda de prensa celebrada esta mañana, Fidel Espino Varela, representante de los denunciantes, hizo un llamado a los ejidatarios “a olvidar rencores del pasado” para exigir, de manera conjunta, que el Órgano de Representación Ejidal, encabezado por Rosa Muñoz, esclarezca el paradero del monto citado.
Refirió que en dos ocasiones varios ejidatarios, incluido él, han solicitado al Órgano de Representación Ejidal realizar una asamblea, para que el comisariado rinda una explicación acerca del presunto “mal manejo” de recursos, pero no han obtenido respuesta.
“El problema es que somos perjudicados, y no nos dan razón. Nosotros pedimos que nos den la información que tienen al alcance, pero nada. Vamos a seguir trabajando para que la administración no se vaya, sin antes rendir una explicación”, indicó.
“En dos ocasiones hemos pedido solicitar asamblea, pero no hemos sido escuchados, la administración ejidal está por concluir su periodo y de ahí la urgencia para saber dónde quedaron los recursos. El bienestar de los ejidatarios tiene que ser común, no de una o dos personas”, añadió.
Al parecer, cada ejidatario recibió 230 mil pesos, cuando el monto, de haber sido repartido completo, era 10 veces mayor.
En ese tenor, el ejidatario dijo que tiene elementos necesarios para que el comisariado sea imputado por distintas violaciones en materia agraria y penal, pero hace falta que cada afectado realice la denuncia correspondiente, pues “esto fue un agravio no a una persona, sino al patrimonio de toda la comuna”.
“Los invitamos a no perder el tiempo; ya nos robaron nuestro patrimonio y ya basta. Están lacerando la integridad de algunas familias”, aseveró.
Por su parte, Irving Gonzalo Novelo, uno de los abogados de los ejidatarios, recordó que existen actualmente dos denuncias penales vigentes, así como otra ante el tribunal agrario, además de un juicio de amparo, para exigir cuentas claras y ver en qué fueron gastados estos 450 millones de pesos.
Señaló que se corre el riesgo de que la actual administración ejidal concluya sin que se emita una sentencia en contra del señalado, por lo que urge que las instancias jurisdiccionales tomen las acciones pertinentes, para que este litigio se resuelva a favor de los afectados, y no quede “en la congeladora”.
Agregó que en caso de esto último suceda, tendrán que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque dijo confiar en el “buen criterio” de los jueces.
“Necesitamos más denuncias y que haya más gente de este lado, familia de este lado, sumarse por el bien de las futuras generaciones. Por eso es importante tomar en cuenta la propuesta”, concluyó.
