Cancún.- La propuesta del diputado Guillermo Brahms González para reforma al artículo 186 bis del Código Penal del Estado y sancionar con cárcel a las personas que sean sorprendidas, conduciendo bajos los influjos del alcohol, fue hecha “al vapor”, aseveró hoy Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo.
En rueda de prensa, el empresario destacó que la iniciativa no señala cómo capacitarán a la policía y cuál será el procedimiento para presentar a los detenidos al ministerio público, expresó.
“Un ministerio público no te puede admitir si no se lleva un informe homologado para turnarlo al médico legista y que a su vez este tenga los instrumentos para hacer la medición con prontitud”, explicó.
El entrevistado consideró que para aplicar esta ley no hay médicos legistas suficientes en los municipios y ni siquiera hay reglamentos de tránsito y estructuras administrativas en Lázaro Cárdenas y José María Morelos y el propio Bacalar.
“Este tipo de decisiones no ayudan, sobre todo si entendemos que el sistema tiene un gran problema de corrupción”, dijo.
Todo eso será un método muy largo y podría dar pie a una mayor corrupción, indicó, “eso es algo que se tiene que atender con mayor profundidad y seriedad con la colaboración de más sectores y no sólo modificar un artículo en el código penal”.
Informó que, como Observatorio Legislativo, enviarán una carta a la secretaria de gobierno, Cristina Torres, para que se detenga su publicación en el Periódico Oficial, esperando que se pueda ampliar y mejorar la propuesta.
Además pedirán que se revise el tema de la proliferación de los puntos de ventas de alcohol y los horarios extendidos, ya que en muchas ocasiones provocan que la gente conduzca en estado inconveniente.
INMINENTE, FALLO POR TABLAS CATASTRALES
Por otro lado, la semana pasada venció el plazo para que el gobierno municipal presentara sus pruebas en contra del recurso de revocación para anular las nuevas tablas catastrales, por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa en la sala cuatro deberá emitir una sentencia próximamente.
Galaviz Ibarra, indicó que, a menos de que el Ayuntamiento haya pedido una ampliación, en el tribunal ya deben estar los escritos de ambas partes en el expediente 59/2023.
Recordó que el recurso de revocación para anular las tablas catastrales se presentó debido a que el procedimiento por el cual fueron aprobadas fue irregular y fuera de norma.
“La demanda y las pruebas se admitieron y se pasó a la etapa donde la presidenta municipal y los regidores tienen que hacer sus escritos ante el tribunal para que ellos demuestren que lo que hicieron fue legal”, explicó.
Debido a que las pruebas fueron admitidas, se dijo confiado en que se proceda con un juicio de nulidad.
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo alertó en su momento sobre aumentos de hasta mil 300 por ciento en el impuesto predial para algunas zonas de la ciudad, según las nuevas tablas catastrales aprobadas para este 2023 por el cabildo.
