Cancún.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado exigirá el cumplimiento de la Ley “3 de 3”, para el caso de Luis Gamero Barranco, político sentenciado por violencia política en razón de género quien, obtuvo la restitución de sus derechos político-electorales, por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo, aseveró la diputada local Susana Hurtado Vallejo.
“Estamos en espera de que la Consejería publique la ley, para que podamos exigir el cumplimiento de la ‘Ley 3 de 3’ a las instituciones que la estén violentando. Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, hablaré con el presidente magistrado (Luis Demeneghi) y con la magistrada Claudia Carrillo, para determinar cómo proceder ante esta situación”, declaró la legisladora.
Hurtado Vallejo indicó que recibió a un grupo de mujeres pertenecientes a diversos colectivos de la entidad, quienes manifestaron su desacuerdo con la restitución de los derechos políticos de Luis Gamero Barranco, ex candidato a la presidencia municipal de Othón P. Blanco quien presuntamente exigió la renuncia de su candidata a síndico, Yensunni Martínez.
La diputada enfatizó que cualquier persona que haya cometido actos de violencia contra los derechos políticos y físicos de las mujeres “no debería tener participación en cargos de elección popular o en el servicio público”.
“Es lamentable que se restituyan los derechos políticos de una persona que ha sido señalada por violencia política de género. Es nuestro deber como representantes legislativos hacer cumplir la ley y garantizar la igualdad y protección de los derechos de todas las mujeres”, declaró la diputada.
Hurtado también hizo referencia a la reciente armonización de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, conocida como la “Ley 3 de 3”. Quintana Roo sería la cuarta entidad federativa en implementar esta ley, después de Yucatán, Aguascalientes y Estado de México. Sin embargo, la legislación aún no ha sido publicada en el Diario Oficial del Estado, lo que impide su aplicación y la exigencia a las instituciones para cumplirla.
