Cancún.- La jueza Segunda de Distrito en materia penal dictó auto de formal prisión en contra de Hugo Adolfo Karam Beltrán, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, quien recibió prisión preventiva como medida cautelar.
En entrevista, Aracely Andrade Tolama, abogada de la periodista, indicó que por ser el delito considerado como grave, no tiene la opción de salir de la cárcel, a pesar de que su abogado pidió la libertad bajo caución, la cual le fue negada.
Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien era director general de la Policía Judicial en Puebla en el 2005, es el último alto mando del grupo de personas que abusaron del poder para detener a Lydia Cacho, tras haber realizado la publicación de su investigación sobre trata de personas, recordó.
“No es que él haya dado la orden, sino que, teniendo la orden y sabiendo que era incorrecta, no hizo nada para evitar la detención”, dijo.
La abogada explicó que el defensor legal de Karam Beltrán también solicitó el cambio de medida cautelar para evitar la prisión, pero la juez señaló que no podría ser de inmediato, porque se tendría que abrir un incidente aparte, para lo cual habrá una audiencia para revisar esta medida cautelar.
En este sentido, indicó que esta petición ya la ha presentado dos veces el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, pero se le ha negado, porque no cubre las circunstancias necesarias.
Debido a que el ahora detenido estuvo prófugo desde abril del 2019 a la fecha, hay alto riesgo de fuga, por lo cual no cumple las condiciones para cambiar la prisión preventiva, explicó la abogada.
Además le fue negado el plazo de 10 días solicitado para aportar pruebas.
Hugo Adolfo Karam es acusado de organizar y ordenar a sus dependientes jerárquicos que, al cumplir una orden de aprehensión en contra de una periodista, realizaran actos de tortura con la finalidad de castigarla por la publicación de un libro, por órdenes del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
De este caso existen ya tres sentencias condenatorias por el delito de tortura en contra de ex servidores públicos de las entonces Procuradurías Generales de Justicia de Puebla y Quintana Roo, además de dos personas más que se encuentran en prisión preventiva.
