Chetumal.- Manuel Palacios Herrera, auditor superior del Estado, se negó a responder a preguntas en torno a la proveedora Vanessa “N”, quien fue favorecida de manera directa con contratos por más de 400 millones de pesos de la Secretaría de Salud, para equipo médico para atender la pandemia de COVID-19.
Lo anterior, explicó el auditor, para no entorpecer el debido proceso, ya que no puede descartarse que se vaya el caso a instancias penales.
Sin embargo, el funcionario defendió que cuando se da una contingencia, las instancias de gobierno pueden realizar adjudicaciones directas, como ocurrió en este caso.
Hace unas semanas, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción cuestionó la adjudicación de múltiples contratos hacia esta persona física, pues ella se dedicaba a la comercialización de calzado, hasta un día antes de que se decretara la contingencia sanitaria, además de ignorarse si subcontrató a otra empresa para suplir el equipo solicitado, o si siquiera tenía suficiente liquidez para realizar estas transacciones.
Aunque se le permitió a la Secretaría de Salud responder a estas interrogantes, el Comité de Participación Ciudadana señaló que no quedaron satisfechos, ya que la dependencia no entregó la documentación solicitada y por dar respuestas ambiguas.
Al respecto, Manuel Palacios Herrera afirmó que la Secretaría de Salud ya solventó todas las observaciones que le realizó la Auditoría Superior del Estado, en el ejercicio fiscal 2020. Sin embargo, ellos solo revisan los recursos estatales.
“Es importante identificar que la Auditoría Superior de la Federación, en materia de recursos públicos federales tiene observaciones para la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo que seguramente estarán siendo atendidas por la propia institución”, destacó.
Añadió que se mantienen en coordinación con la propia Auditoría Superior de la Federación para revisar la fuente de financiamiento federal.
