Chetumal.- Quintana Roo es uno de los cinco o seis estados que todavía están en violación de la Ley General de Archivos, aprobada desde 2018, al carecer de una ley estatal, consejo y un organismo descentralizado, situaciones que fomentan a la corrupción.
Lo anterior fue revelado por Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación, quien inicia hoy una visita por la entidad para “empujar” el cumplimiento de esta legislación federal.
En rueda de prensa, la experta explicó que además de verificar el nivel de implementacion de la ley, debe ver cómo avanza la creación de la ley estatal. A causa del cambio de gobierno, esta será una primera visita, que será seguida por otra en octubre, para dialogar con la nueva legislatura del Congreso del estado y ver qué comisiones elaborarán la iniciativa.
El que se carezca de esta ley estatal “no significa que no se trabaje en la implementación de la ley general… hay un conocimiento general de ella”, explicó.
Además de la ley estatal, también se exige un Consejo Estatal de Archivos, que tampoco existe.
Lo principal, sin embargo, es que el Archivo General del Estado está reducido a ser un área del Ejecutivo, cuando la ley general exige que sea un ente descentralizado, con personalidad jurídica y presupuesto propio.
“La demanda de sus servicios en el estado son demasiados”, añadió. “El nivel de cabildeo y supervisión es para todos los sujetos obligados en el estado, en los dos niveles estatal y municipal, o quien use recursos públicos”.
Cuestionada sobre la reciente revelación hecha por el Instituto Mexicano de Competitividad, de que la mitad de las compras realizadas por el Gobierno del Estado no aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia por aparentes errores, la experta confirmó que esto es una consecuencia del incumplimiento de la ley.
“El Archivo debe estar dotado de suficientes recursos humanos y material para tener un margen de acción más amplio, que permita una observancia, de la mano de la Contraloría u otras instancias”, indicó. “Si la información no existe en la plataforma, no cumple probablemente con los criterios de la ley. Ahí es donde se vincula con el combate a la corrupción”.
En su opinión, los errores en la información apuntan a un incumplimiento de la Ley General de Archivos, que fue publicada en 2018, entró en vigor en 2019 y que debía estar ya armonizada por los estados en 2020.
Hasta la fecha, 26 o 27 estados ya cumplen con ella, lo que deja a Quintana Roo como una excepción, junto con Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, entre otros.
