Playa del Carmen. – A siete meses de que se publicará en el Periódico Oficial del Estado la reforma al Código Penal conocida como la “Ley Vicaria”, ningún juez ha vinculado a alguna persona a proceso, denunció Ariadne Song Anguas, integrante de “Red de Víctimas Quintanarroense”, quien aseguró que esto se debe el desconocimiento e ignorancia de las propias autoridades, quienes someten a las víctimas a una violencia institucional sistemática.
Entrevistada durante el anuncio de una huelga de hambre, por parte de una madre, cuyos hijos les han sido sustraídos, la activista mencionó que las mujeres víctimas de la violencia vicaria enfrentan la burocracia, el desinterés y criminalización de alza autoridades, así como violencia comunitaria que las lleva incluso al suicidio.
En ese sentido recordó el caso de Brenda Alvarado quien perdió la vida por la presión psicológica que ejerció su agresor y la inacción de la justicia. De ahí que no se puede hablar de éxito con relación a la Ley Vicaria, si no se aplica correctamente.
Mencionó que actualmente esta colectiva tiene documentado 75 casos de violencia vicaria de los cuales solo han sido resueltos diez, cinco que se hicieron de manera pública y otros cinco en privado, esto últimos se realizaron con sigilo, porque las víctimas sufrieron violencia digital comunitaria e incluso en los medios de comunicación.
Refirió que las madres víctimas de violencia vicaria sufren una serie de vejaciones a lo largo del proceso para recuperar a los hijos, toda vez que su agresor sigue la ruta del acoso, las amenazas y trata a toda costa de desacreditar su labor como madre.
Entonces, refirió, no sólo tiene que lidiar con su agresor que no soporta que pueden rehacer su vida, sino que también recibe violencia institucional porque el proceso es dilatorio y las funcionarias y funcionarios desconocen la aplicación de la ley que dificulta la acción de la justicia.
En ese sentido, urgió a las autoridades judiciales que capaciten al personal para que entiendan y apliquen la Ley adecuadamente, pues ante la ignorancia y el desconocimiento no hay vinculado ni un solo caso desde que se publicó la ordenanza, lo cual es lamentable.
“Lo que están pasando que hay desconocimiento, hay ignorancia consentida y permitida por parte de las autoridades, hemos pedidos que capacite al personal y resulta que los hacen con el mismo círculo de agresores y agresoras que son los servidores públicos que tienen quejas en el consejo de la judicatura, por lo que se cae en el mismos círculos viciosos”.
Comentó que a pesar de que a les tiemblan las manos a los jueces y no hay acciones a favor, la colectiva que representa siguen trabajando en el acompañamiento jurídico de las víctimas.
Ante ello hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado a que accione, capacite al personal y de cumplimiento puntual de la Ley teniendo en cuenta que Quintana Roo es el único estado que tiene una unidad de análisis contexto para prevenir la violencia hacia la mujer, pero es “letra muerta”.
