El Observatorio Legislativo de Quintana Roo ha señalado que el gasto de Comunicación Social en diversas dependencias y niveles de gobierno es muy alto y además poco transparente. Por ello exhortan a las autoridades a ser más claras en el manejo de estos recursos.
El organismo recordó por medio de un comunicado que “una de las reformas propuestas por el Gobierno Federal es el acotar y reglamentar el gasto de Comunicación Social y publicidad de las entidades públicas, esto mediante las reformas a Ley General de Comunicación Social publicadas en diciembre de 2022, al igual que las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para verificar y sancionar su incumplimiento”.
Sin embargo, dijo que tras varios meses de su expedición, siguen sin cumplirse los preceptos establecidos en los transitorios del Decreto emitido.
Algunos de estos preceptos indican que “los Entes Públicos, en un plazo máximo de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, adecuarán conforme a éste, sus disposiciones legales y reglamentarias”, lo que aún no han hecho el gobierno estatal, el Congreso y algunos municipios.
También señala que “en caso de inicio de labores o de gestión, los Entes Públicos emitirán su Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social de ese ejercicio fiscal a los tres meses siguientes a que se haya emitido y publicado su Programa de trabajo, o equivalente”.
Asimismo, el Observatorio Legislativo recordó que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá́ tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso incluirá́ nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
El Observatorio señaló que tampoco se está cumpliendo con ese precepto.
Los integrantes del organismo denuncian que el gasto destinado para Comunicación Social va más allá del 0.1 por ciento indicado por la ley, y que además mucha de la promoción se termina haciendo con fines personales, pues se habla más de los funcionarios que de las acciones y obras.
El Observatorio Legislativo finalizó diciendo que además del alto gasto urge que haya mayor transparencia en la asignación de estos recursos, pues muchas veces no se informa quiénes son los proveedores de estos servicios y no se rinden informes periódicos de cómo se gasta este recurso.
